Nadie podía imaginar hace solo unos años, que el sector solar fotovoltaico español atravesaría una situación como la actual. Cuando los instaladores y promotores fotovoltaicos proponían a sus clientes la compra de una instalación solar en el pasado reciente, su argumento principal era la seguridad jurídica: Un Real Decreto de uno de los países más avanzados del mundo, como España, respaldaba su inversión.

Mucho han cambiado las cosas en el corto periodo que va desde octubre de 2008 hasta hoy. Una legislación adversa, alguna todavía pendiente de ser publicada, viene a amenazar la inversión de los ya cerca de 60.000 titulares de plantas solares y a desprestigiar a todo un sector que se presumía iba a ser una de las puntas de lanza de la economía española.

Pero no solo es la legislación cambiante, otros muchos aspectos como las nuevas exigencias en la facturación o en la fiscalidad, problemas de producción en la instalación o con la garantía de los equipos, y algunos otros más, vienen a completar un panorama que no es el que se presumía.

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Muchos de los recursos directos contra el RD 1565/2010 que recorta la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas presentados por Asociaciones y particulares el pasado mes de enero, están ahora en fase de elaboración de escrito de conclusiones de las partes.

Defensa solar ha presentado ya su documento de conclusiones y ahora el Tribunal Supremo ha fijado un plazo al abogado del Estado para que emita el suyo.

Pero, ¿qué dijo el abogado del Estado en nuestro procedimiento en la fase de formalización, a propósito de la responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la aplicación del RD 1565/2010?

Entre los argumentos esgrimidos por el abogado del Estado contra el recurso presentado, hubo varias referencias a la responsabilidad patrimonial. De entre ellas (ver imagen), destacamos la siguiente: