Retroactividad. Entrega 3. La cacareada “rentabilidad razonable”

Se ha invocado ealtn numerosas ocasiones el concepto de rentabilidad razonable para las inversiones realizadas en energías renovables. Incluso se ha invocado por el propio Tribunal Supremo en alguna sentencia relativa a estas energías.  La pregunta es ¿quién, cuándo y dónde se ha cuantificado lo que se entiende por rentabilidad razonable?

Está claro el momento en el que el término se empezó a utilizar, la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico  lo recogía en su artículo 30.4, …/… tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales…/…, pero no quedó cuantificado su valor, (como no podía ser de otra forma pues entre

...los parámetros a considerar se encuentra la fluctuación del mercado de capitales). Es claramente un concepto indeterminado.

En todo caso, el término de rentabilidad razonable justamente se creó en el sector energético para dotar al sector renovable de seguridad jurídica. Es un principio que se utiliza para determinar las tarifas en el momento de la publicación de un Real Decreto, pero no puede pretenderse ahora utilizarlo para revisar esas tarifas sin existir razones objetivas en términos de rentabilidad para hacerlo. Este criterio en cualquier caso, era un criterio de revisión discrecional, y técnicamente ni siquiera está bien diseñado.

En la Sentencia dictada por este Tribunal en orden a la nulidad solicitada en relación al cambio normativo operado sobre el sistema de cálculo de las primas en el RD 661/2007, el Tribunal Supremo manifiesta que “los particulares debían saber de antemano que la fijación de incentivos económicos realizada por las autoridades públicas podían ser modificados”,   pero  también matiza que“dentro de las pautas legales fijadas por las autoridades”.  La concreción de cuál sea la pauta legal fijada por las autoridades, será por ello determinante, y la fijación de la misma no puede establecerse en virtud de un concepto como el de “rentabilidad razonable”  que no es claro, que es indeterminado,  que es variable al estar referido al mercado de capitales, que no contempla el concepto de riesgo y que puede dar lugar a interpretaciones diversas.

Como ya se dijo en la anterior entrega, no se solicita por parte de los afectados la nulidad del RD 1565/2010  para mantener a ultranza una protección frente al riego regulatorio, sino de que las pautas y condiciones que en este caso se han fijado para realizar las modificaciones contenidas en el RD 1565/2010 que muchos titulares han impugnado, han excedido con mucho las posibilidades permitidas por nuestro ordenamiento, extralimitándose en esa regulación, y conculcando con la misma, normas fundamentales que deben prevalecer.

No son los cambios regulatorios en general lo que se discute, sino la particular, caótica  y errática política regulatoria fotovoltaica y en particular la desmesura del citado Real Decreto, desmesura que provoca desde luego inestabilidad regulatoria, y como consecuencia directa de ésta, inseguridad jurídica.

Volviendo al término de “rentabilidad razonable”, es claro que este término no puede ser determinante ni tenido en cuenta, puesto que “razonable o no”, la rentabilidad que se obtenga finalmente, no será la rentabilidad por los productores esperada, no será aquella que en definitiva sirvió y motivó para adoptar la decisión de invertir. La expectativa no se ha cumplido, se carece en la actualidad de lo que se debería tener. No se tiene lo que se creyó se iba a tener cuando se invirtió.  En realidad de lo que estamos hablando es de “expectativas de rentabilidad defraudadas”.

Cuando un inversor busca activos en los que invertir va a seleccionar aquellos que cumplan su deseo de obtener una rentabilidad positiva razonable con el menor riesgo posible. Toda decisión de inversión está basada en esos dos conceptos: el riesgo  y la rentabilidad.

Y como quedó dicho, el riesgo de estas instalaciones por sus características, es suficientemente importante para obviarlo. Los seguros nos facilitan la reducción (no la eliminación) de riesgos, pero las primas a pagar  suponen una reducción de la rentabilidad.

Con estas consideraciones, los inversores acogidos al RD 661/2007 no pueden asumir los recortes en la percepción de tarifa regulada impuestos por el RD 1565/2010, alegándose para ello que, tras su aplicación, las inversiones mantienen una rentabilidad razonable, cuando por ejemplo,  las inversiones en activos del Tesoro con plazos similares, como las obligaciones a 30 años, rondaban una rentabilidad del  5% (en los años 2007 y 2008) exenta de los riesgos como los descritos de la actividad fotovoltaica. ¿Cuántos propietarios fotovoltaicos, cambiarían ahora mismo su equipo solar por esos activos del Tesoro? ¿Cómo puede haber defraudado tanto el Ministerio de Industria toda esa expectativa “renovable”?

La considerable prima de riesgo ligada a las inversiones solares, obliga a superar de manera holgada esa rentabilidad de activos sin riesgo.

No hay un diferencial prefijado, ni objetivo, que permita establecer un criterio de referencia con respecto al mercado de capitales, pero ello no avala cualquier recorte fruto de la cambiante política fotovoltaica, y menos aún como hemos dicho, sin existir causas objetivas.