Nadie podía imaginar hace solo unos años, que el sector solar fotovoltaico español atravesaría una situación como la actual. Cuando los instaladores y promotores fotovoltaicos proponían a sus clientes la compra de una instalación solar en el pasado reciente, su argumento principal era la seguridad jurídica: Un Real Decreto de uno de los países más avanzados del mundo, como España, respaldaba su inversión.

Mucho han cambiado las cosas en el corto periodo que va desde octubre de 2008 hasta hoy. Una legislación adversa, alguna todavía pendiente de ser publicada, viene a amenazar la inversión de los ya cerca de 60.000 titulares de plantas solares y a desprestigiar a todo un sector que se presumía iba a ser una de las puntas de lanza de la economía española.

Pero no solo es la legislación cambiante, otros muchos aspectos como las nuevas exigencias en la facturación o en la fiscalidad, problemas de producción en la instalación o con la garantía de los equipos, y algunos otros más, vienen a completar un panorama que no es el que se presumía.

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