Iniciativa contra la retroactividad

En su afán por recortar el actual déficit de tarifa, el gobierno ha publicado el RD 1565/2010 de 19 de noviembre y el RDL 14/2010 de 23 de diciembre, recogiendo en sus articulados algunas medidas con un claro carácter retroactivo como por ejemplo el recorte de la energía máxima anual por cada kW nominal con derecho a tarifa regulada, siendo este recorte muy severo durante los años 2011, 2012 y 2013 para las instalaciones fotovoltaicas acogidas al Real Decreto 661/2007 (Ver impacto del recorte). También vulnera el principio de no retroactividad de las leyes,  la supresión de las tarifas reguladas en los últimos años de su vida útil, causando el correspondiente perjuicio económico a los titulares de las instalaciones que realizaron unas determinadas inversiones en base a las previsiones financieras derivadas de esas tarifas, y vulnerando a su vez, los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima

En cualquier caso, no es solo esta actuación lesiva la que debe preocuparnos. Si ante la publicación de este nuevo RD, permanecemos pasivos, pueden llegar posteriormente nuevos recortes adicionales en la medida que el Gobierno no consiga reducir el déficit de tarifa tan injustamente imputado a la energía solar fotovoltaica.

“Yo querría participar en esta iniciativa”

Es fundamental que participes en la iniciativa. El número de personas adheridas es vital para dar una respuesta contundente y para influir en la decisión del juez. Para ello, solo tienes que contactar con nosotros.

Con la participación de todas las personas formularemos un adecuado recurso contra la retroactividad. Esta iniciativa cuenta ya con muchos titulares de instalaciones fotovoltaicas, que se han sumado a nuestro proyecto.

Debemos tener en cuenta que la irretroactividad (no retroactividad) nace en el derecho romano, y se extiende por el mundo convirtiéndose en un principio de aplicación de la Ley aceptado universalmente. Si no existe estabilidad en cuanto a la consecuencia jurídica de una norma, es obvio que los destinatarios de la Ley no pueden gozar de seguridad alguna.

En concreto, en nuestro ordenamiento jurídico, la irretroactividad de las leyes se establece como regla general en el articulo 2.3 del Código Civil (C.C.) al decir: “las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”, así como en nuestra Constitución en su artículo 9.3 al señalar que la misma, garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

No obstante, alegando diversos fundamentos, entre ellos, que las normas no pueden quedar obsoletas (“inadmisible petrificación del ordenamiento juridico” según alguna Sentencia) el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional matizan este principio general de irretroactividad contenido en las disposiciones señaladas, y dulcifican o limitan el mismo, entendiendo que la prohibición de retroactividad solo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, y no los pendientes, futuros y condicionados, o a las meras expectativas.

Si se vulnera el principio de seguridad juridica una vez, ¿quién nos asegura que no se vulnerará en otras ocasiones? Si no nos hemos defendido con los instrumentos legales que nos amparan en esta ocasión, ¿no se alegará esta pasividad en un futuro, para fundamentar nuevos recortes a derechos concedidos?